Las jubilaciones, la alta tasa de envejecimiento de la plantilla con una media de casi 59 años y los puestos vacantes en la plantilla, hacen que el servicio diario sea prácticamente imposible de cubrir tanto en el área de seguridad como en tratamiento o sanitaria y sin olvidarnos del  personal laboral.

En estas circunstancias difícilmente se puede cumplir con el mandato constitucional que en su art 25.2 entre otras cuestiones viene a garantizar que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.

Si en fechas recientes nos veíamos abocados al cierre de dos módulos por falta de personal no sería de extrañar que con la actual deriva en política de personal y con las nuevas exigencias para hacer frente a los protocolos consecuencia del covid-19 nos viéramos abocados a continuar con el cierre de dependencias oen la necesidad de suprimir prestaciones y servicios a la población reclusa.

Exigimos una dotación de personal que cubra en su totalidad la relación de puestos de trabajo del centro penitenciario, en aras a una prestación del servicio público eficaz y eficiente y dentro del objetivo gubernamental de modernización de la administración pública, premisa que nunca se podrá llevar a cabo con la actual falta de personal.