Con un moscoso no nos engañan

Un moscoso másTodavía falta mucho por devolver  y, con un moscoso, no olvidamos todo lo que hemos ido perdiendo a lo largo de estos años.

En el BOE núm. 226 de hoy, día 17 de septiembre se publica la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

Entre otras medidas y reformas el Gobierno devuelve un "moscoso", el segundo de los tres que nos robaron. Pero todavía falta mucho por devolver:

  • El 5% del sueldo que nos quitaron en el 2010
  • Las cuatro congelaciones salariales
  • 1 moscoso porque, recordad, teníamos 6
  • Todos los canosos
  • Los días de vacaciones adicionales por antigüedad
  • La acción social
  • Las 35 horas semanales
  • La prestación por IT, anterior al 2012
  • La paga extra de Navidad del 2012
  • Tasa de reposición que garantice el mantenimiento de los servicios

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha reiterado su oposición a la Ley de Racionalización del Sector Público. Se trata de una ley que UGT considera negativa tanto en el contenido como en la forma. Desde el inicio se ha presentado sin mediar negociación. De forma unilateral, a través de enmiendas, se ha aprovechado para modificar sustancialmente el Estatuto Básico del Empleado Público, un documento que contó con un amplio consenso tras meses de intenso trabajo entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los representantes de los trabajadores.

UGT ha señalado que la devolución de un “moscoso” no compensa los daños que producirá esta ley. La medida recorta servicios públicos y no restituye los derechos suprimidos a los empleados públicos. El sindicato recuerda que el colectivo ha sufrido una drástica pérdida de poder adquisitivo y, además, mantiene todavía muy por debajo los días de vacaciones y asuntos propios que se venían disfrutando antes del recorte.

Sobre estos últimos, FSP-UGT ha informado de que el 25 de septiembre se dirimirá en la Audiencia Nacional el conflicto colectivo interpuesto por UGT por la supresión de moscosos y canosos.

 UGT reitera la falta de diálogo dentro las Administraciones Públicas, una situación que el Gobierno del Partido Popular ha convertido en endémica desde su entrada al poder.

La congelación salarial del 2015 desmiente el discurso de la recuperación económica

Julio LacuerdaEl Gobierno vuelve a cargar contra los tres millones de empleados públicos congelándoles el salario por quinto año consecutivo. Julio Lacuerda, Secretario General de FSP-UGT ha afirmado que lo que ofrece el Gobierno a los empleados públicos viene a desmentir el discurso de la recuperación, porque "no hay subida salarial y los sacrificios que nos pidieron en su momento no han sido compensados todavía".

En la víspera de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, Gobierno ha convocado la Mesa de Función Pública como un mero trámite para informar a las organizaciones sindicales de aspectos de lo que ya nos habían informado los medios de comunicación. Una vez más, el Gobierno sortea in extremis la legalidad vigente: convoca la Mesa, pero la vacía de sentido.

Con la Negociación Colectiva rota desde el año 2010, el Gobierno saca adelante unilateralmente sus decisiones y vuelve a cargar contra los tres millones de empleados públicos congelándoles el salario por quinto año consecutivo. El Gobierno sigue destruyendo empleo público reduciendo a mínimos la OPE (la tasa de reposición pasa del 10 al 20%, pero solo en servicios esenciales: sanidad, educación, agentes fiscales para la lucha contra el fraude, fuerzas de la seguidad del Estado...) y otorga como si fuese una prebenda un porcentaje mínimo de la paga extra de Navidad que eliminó en 2012, la parte devengada, un derecho ya reconocido por los Tribunales a lo largo del año 2013 y 2014.

Julio Lacuerda, Secretario General de FSP-UGT ha afirmado que lo que ofrece el Gobierno a los empleados públicos desacredita el discurso del presidente del Gobierno acerca de la recuperación, porque "no hay subida salarial y los sacrificios que nos pidieron en su momento no han sido compensados todavía. El PP habla del mantenimiento del poder retributivo, un eufemismo para decir que no hay recuperación económica".

En cuanto a la tasa de reposición, Lacuerda ha afirmado que "de cada 100 empleos públicos, el Gobierno destruye 80. La devolución anunciada de la paga extra es otra manera de vender humo. El Gobierno rompe el principio de equidad, ya que muchos empleados públicos ya han percibido la parte devenegada tras las sentencia favorables de Tribuanles de toda España"

Lacuerda ha lamentado que haya sido la Directora General de Función Pública quien haya presidido la Mesa, rebajando el nivel del encuentro sin la presencia de el Secretario de Estado.

Plan presupuestario de Administraciones Públicas: injusto y poco creíble

cuidadanosEl Plan Presupuestario de 2015 para las Administraciones Públicas que España ha presentado a Bruselas es poco realista e injusto, según el sindicato UGT. El Gobierno del Partido Popular pretende conseguir el ajuste necesario para cumplir el objetivo de déficit -13.000 millones de euros- con recortes en la Administración local. El ejecutivo planea una poda de 3.721 millones en el gasto de los ayuntamientos y prevé un aumento de los ingresos locales de 1.242 millones.

Este planteamiento, subraya UGT, es injusto, ya que nuevamente impone recortes en la Administración más cercana al ciudadano. Las Entidades Locales garantizan la cohesión interterritorial, social y la igualdad. También son las que asumen gran parte de servicios sociales, dependencia, prevención e inserción laboral y conciliación, prestaciones que corrigen desigualdades entre los ciudadanos, precisamente cuando más lo necesitan. UGT emprendió una campaña en defensa de los servicios públicos locales en octubre de 2013.

El sindicato acusa al Gobierno de “hacerse trampas al solitario” pues presenta un aumento de la recaudación poco realista -dada la situación de económica de los ciudadanos- y nuevos ajustes en unas cuentas ya muy reducidas. Los ayuntamientos no son los culpables del déficit público,  su objetivo presupuestario para este año y el siguiente es lograr el equilibrio (0% de déficit) y más de 3.000 administraciones locales tienen superávit (4.000 millones en 2013). El Gobierno habla de la aplicación de la Ley de Administración Local, una ley que está recurrida en el Tribunal Constitucional y que ha encontrado la oposición de los sindicatos, las asociaciones ciudadanas y la mayoría de los ayuntamientos de España, incluidos muchos gobernados por el PP.

UGT recuerda al Ejecutivo que organismos internacionales como la OIT, la OCDE y otros han recomendado abandonar los recortes salariales para lograr un mayor crecimiento económico. Sin embargo, el Gobierno español ha impuesto una nueva congelación a los sueldos de los empleados públicos, aunque no duda en subir un 3% el de directivos de la Administración.

7 de Octubre: Jornada Mundial por el trabajo decente

Jornada trabajo decenteEl próximo 7 de octubre se celebra, como cada año, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI).

En un contexto de 5,6 millones de parados, y con el empleo que se crea mayoritariamente temporal y precario, la Unión General de Trabajadores planteará al resto de organizaciones sindicales y a la Cumbre Social la convocatoria de movilizaciones en todos los territorios con el fin de avanzar hacia la universalización del trabajo decente. En Asturias, UGT, CCOO y USO organizan una concentración ese día 7 de octubre, martes, a las 19:00 horas en la Plaza de España de Oviedo.

Durante esta jornada, se reclamará empleo de calidad y con derechos y estimular programas de creación de empleo y de protección a los desempleados y colectivos de especial vulneración, como el caso de los jóvenes, los parados de larga duración o los mayores de 45 años.

Además, UGT demandará un cambio de rumbo en las políticas con el fin de que se establezcan las bases necesarias para consolidar un nuevo modelo que genere empleos en los nuevos sectores más productivos y conseguir salir de una vez de la crisis con un modelo económico más justo, eficiente y sostenible.


 
 

UGT pide eliminar tasas y costas a empleados públicos en casos laborales

Balanza justiciaUGT ha presentado a Rafael Catalá, ministro de Justicia, una propuesta escrita para modificar las actuales leyes que obligan a los empleados públicos a pagar las costas procesales y las tasas cuando reclamen por la vía contencioso- administrativa sus derechos laborales. El sindicato ya adelantó esta petición en la entrevista que mantuvieron los responsables de UGT con el titular de justicia, el pasado 23 de octubre.

En su escrito, el sindicato argumenta que la Ley 37/2011 de Medidas de agilización procesal y la Ley 10/2012, por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, modificaron la Ley 29/ 1998 reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, lo que ha dificultado enormemente el acceso a la justicia de los funcionarios en defensa de sus derechos y condiciones laborales y salariales.

 En referencia  a las costas procesales, la ley 37/2011 ha supuesto un cambio en las reglas del juego procesal, al adoptarse en materia de costas el criterio del vencimiento en primera o única instancia, de forma tal que, con algunas excepciones, «el que pierde paga», cuando en la anterior ley sólo se estaba obligado a pagar las coas si además de rechazar las pretensiones del demandante se acreditaba que actuaba de mala fe. Esta modificación ha supuesto un impedimento a los funcionarios de este país para realizar las reclamaciones oportunas, cuando la vía administrativa no reconoce sus derechos.

 UGT manifiesta, además que se está produciendo una situación de grave discriminación puesto que los trabajadores que tienen que acudir al orden social no se encuentran en la misma situación, pues están exentos de esta condena en costas.

Por tanto, UGT señala que ahora es el momento idóneo para revertir esta situación,  cuando el nuevo Ministro de Justicia va a realizar una modificación de la Ley de Tasas Judiciales.

El sindicato también pide la exención total de tasas en los recursos de suplicación y casación de los empleados públicos. UGT considera que, aunque tras la modificación experimentada por el Real Decreto Ley 3/2013 la exención alcanza el 60% de la cuantía correspondiente, aún continúa siendo muy elevada, lo que retrae al funcionario a la hora de acudir a la vía judicial en defensa de sus derechos.

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