El crecimiento económico debe repercutir de manera más justa y eficiente en los ciudadanos

El crecimiento económico debe repercutir de manera más justa y eficiente en los ciudadanosLos datos de la Contabilidad Nacional del tercer trimestre del año, dado a conocer por el INE, muestran un crecimiento del PIB un0,8%, una décima menos que en el trimestre anterior, situando la tasa interanual en el 3,1%.

Para UGT, estos datos ratifican dos cuestiones que deben ser tenidas en cuenta en la estrategia de política económica para el próximo año, yque deberían plasmarse en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2018:

La primera, que nuestra economía está inserta en una sólida fase expansiva, contabilizando ya 15 trimestres consecutivos en los que crece la actividad productiva en términos anuales, los 10 últimos por encima del 3%,y que eso debe traducirse en un reparto más justo y eficiente de los frutos derivados de ese crecimiento.

La segunda, que, pese a lo evidente de esta reactivación, existen riesgos derivados del agotamiento de los factores externos que empujaron la actividad en los pasados años (precio del petróleo, tipo de cambio, acceso barato al crédito), a lo que se suma en el corto plazo la incertidumbre derivada de la situación política en Cataluña, por lo que es necesario actuar para reforzar la demanda interna, impulsando el consumo de los hogares y la inversión pública.

Para UGT, España no puede resignarse a que el crecimiento se reduzca en los años venideros, como señalan las estimaciones, que apuntan a que pasará del 3,1% al entorno del 2,5% en 2018, y del 2% en 2019. Porque menor crecimiento implicará menor creación de empleo, y ese es el principal déficit de nuestra economía, junto a la elevada precariedad de ese empleo creado. Es preciso actuar para reforzar ese crecimiento de la actividad productiva, y para modificar su composición, haciéndolo más estable y sostenible. 

Para ello, UGT reclama actuar, al menos, en seis frentes en los que el Gobierno tiene un papel decisivo:

1.- Mejorar la calidad del empleo, de manera que sea más estable y más productivo. Eso implica que se deroguen las últimas reformas laborales, que solo han contribuido a elevar la precariedad del empleo y a hacerlo menos eficiente, además de contribuir decisivamente a elevar la desigualdad y los niveles de pobreza y exclusión social.

2.- Aumentar los salarios, para que las familias vean aumentar su poder de compra y puedan sostener el consumo de bienes y servicios, y en especial los de carácter más duradero. Los datos de la Contabilidad Nacional conocidos hoy muestran que los salarios permanecen congelados, a pesar del crecimiento económico. La remuneración por asalariado media en lo que va de año no ha crecido, lo que significa que el poder de compra de los trabajadores y las trabajadoras está reduciéndose un 2,1%, puesto que eso es lo que están aumentando los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares en nuestro país, y que mide el IPC. Esta situación no puede continuar. Eso debe traducirse, por un lado, en aumentos salariales en la negociación colectiva en el entorno del 3%, introduciendo salarios mínimos garantizados de al menos 1.000 euros; por otro, el Gobierno debe aumentar el salario de los empleados públicos de manera adecuada, haciendo que recuperen parte del poder de compra perdido desde hace años; y también debe aumentar el salario mínimo interprofesional para acercarlo a los 1.000 euros mensuales como mínimo en 2020.

3.- Reforzar las prestaciones básicas del estado de bienestar (desempleo, pensiones, dependencia, asistencia social), porque son rentas esenciales para garantizar una calidad de vida digna a quienes peor lo están pasando y a quienes tienen menor capacidad para soportar los vaivenes dela economía, sosteniendo además el consumo de millones de familias. En especial, es necesario poner en marcha la Prestación de Ingresos Mínimos propuesta por UGT y CCOO, y que sigue inmersa en el trámite parlamentario.

4.- Potenciar los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación, no solo porque son, junto al sistema de prestaciones sociales, los grandes garantes de la cohesión social del país y de la igualdad de oportunidades, sino porque constituyen nichos de empleo muy importante para los próximos años.

5.- Relanzar la inversión pública en aquellos factores que más pueden ayudar a cambiar nuestro modelo productivo para hacerlo más sostenible y generador de valor añadido, como son las relacionadas con la sociedad del conocimiento y la I+D+i, además de otorgar un mayor peso al tejido industrial.

6.- Aumentar la competencia en el tejido productivo, y especialmente en aquellos sectores estratégicos que actualmente obtienen cuantiosos beneficios a costa de precios elevados para los consumidores, como el eléctrico, el de carburantes, el de telecomunicaciones o el de distribución comercial.

Para la Unión General de Trabajadores, resulta imprescindible implementar todas estas medidas para conformar un modelo decrecimiento más robusto, eficiente y sostenible, tanto económica como social y medioambientalmente. Para ello, el sindicato reclama un esfuerzo colectivo de diálogo con el fin de que sea fruto de un consenso lo más generalizado posible, que facilite la construcción de un nuevo contrato social que consolide una nueva y larga fase de bienestar para toda la ciudadanía. 

 

 

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