UGT exige mascarilla FFP2 para todo el profesorado

1El Sector de la Enseñanza de la UGT ha exigido desde el inicio de curso mascarillas FFP2 para todo el profesorado. No es una ocurrencia ni un capricho. Las mascarillas FFP2 son las que realmente protegen tanto a la persona que la porta como a los demás.

La exigencia se hizo en todos los ámbitos posibles y de la misma se hicieron eco los medios de comunicación. La respuesta de la Consejería fue siempre la misma: se ha proporcionado al profesorado las mascarillas adecuadas para garantizar la seguridad. La propia Consejera defendió, incluso con vehemencia, en la Junta General la calidad de las mascarillas proporcionadas. No se aceptaron las experiencias personales de muchos y muchas docentes que cuando se acercaron a hospitales y centros de salud con las “famosas mascarillas” les animaron a no utilizarlas porque no ofrecían las mínimas garantías.

Las mascarillas fueron suministradas por la administración a principios de curso y no para todos los docentes. La realidad es que el profesorado no utiliza las mascarillas de la Consejería. No se fía de ellas y hace bien según las indicaciones del Área Sanitaria VII. El propio servicio de salud recomienda al profesorado las FFP2 que no proporciona la Administración. El profesorado para protegerse debe desembolsar todos los meses una cantidad de dinero que debería sufragar el Principado de Asturias. El Artículo 17.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, establece la obligatoriedad del empresario de proporcionar a los trabajadores los EPIs necesarios para minimizar o eliminar los riesgos que mediante las medidas colectivas no se puedan suprimir. La realidad es que se proporcionan unas mascarillas que no protegen y se recomiendan otras que sí protegen pero que no proporcionan. Un sinsentido o un escándalo.

El profesorado asturiano está en primera fila en esta pandemia pues es conocedor de que la enseñanza presencial para todo el alumnado es un objetivo prioritario. Sus condiciones de trabajo convierten a este colectivo en uno de los más vulnerables al estar con más de seis personas, en espacios cerrados y por un tiempo superior a 15 minutos. Si en esta situación el profesorado no se hace merecedor del EPI que establece la propia LPRL, desde UGT no entendemos entonces a quién va dirigida la Ley.

El Sector de la Enseñanza de la UGT ha exigido la convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación para abordar este y otros temas relacionados con la pandemia. La falta de diálogo por parte de la Consejería de Educación nos obliga a judicializar lo obvio: la seguridad en el trabajo corresponde al empleador.

 

 

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