El Estado debe garantizar los derechos de la infancia

El Estado debe garantizar los derechos de la infanciaHoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y, como no podía ser de otra forma, este año la Organización Internacional del Trabajo quiere centrarlo en el impacto que va a tener en la infancia la crisis sanitaria, originada por el Covid-19, en la que estamos inmersos.

En nuestro país, existen cerca de 2,2 millones de niños y niñas que viven en situación de pobreza y exclusión social, y posiblemente, esta cifra se verá agravada por la crisis económica que está provocando el COVID-19 y que está teniendo gran impacto económico y en el empleo de miles de personas, siendo las personas más vulnerables, como los niños y las niñas, los más perjudicados.

La insuficiencia de recursos económicos tiene una consecuencia directa en el ejercicio de los derechos de los niños y niñas, en sus condiciones de vida e incluso les impide cubrir sus necesidades más básicas, como la alimentación o una vivienda digna. Estas situaciones de necesidad extrema, con graves carencias, pueden ser el origen de relaciones laborales encubiertas con menores de 16 años, que trabajan para contribuir a la economía familiar.

Esta crisis les ha supuesto una merma importante de recursos económicos o incluso una falta de ellos, para miles de familias, lo que ha generado la aparición de situaciones no deseadas o ha agravado las ya existentes.

Los niños y niñas han vivido como, de pronto, ha cambiado su día a día. Se cerraban sus colegios, no podían ir a los parques, ni salir a la calle, cambios que además de generarles sentimientos como incertidumbre o preocupación, pueden tener consecuencias en la infancia, y no sólo momentáneas.

El cierre de los centros escolares ha dejado al descubierto la brecha en la educación originada por la falta, en muchos hogares, de recursos tecnológicos que ha imposibilitado el seguimiento y la continuación del curso escolar por vía telemática.

Proteger a las familias y a la infancia

Para UGT es fundamental el establecimiento de compromisos firmes que protejan a las familias y a la infancia de forma que se reduzca su vulnerabilidad, por ello el sindicato exige la ampliación de los recursos económicos destinados a la infancia y aumentar los servicios y prestaciones para dar una respuesta contundente a las familias con niñas y niños en riesgo de pobreza y exclusión social. Además, es necesario:

  • Priorizar las ayudas para el bienestar social de las familias, para que ningún niño o niña quede sin desatender, ofreciendo cobertura, tanto inmediata como anticipándonos ante posibles brotes de la enfermedad y la vuelta al estado de alarma.
     
  • Diseñar programas y actuaciones para garantizar la salud de los y las niñas y minimizar el impacto del confinamiento en los mismos, ya que la infancia es la parte de la población más vulnerable a esta crisis, tanto desde el punto de vista educativo como económico, social y sanitario.
     
  • Incrementar las ayudas a las familias para la adquisición de los alimentos más básicos y para reforzar el programa VECA (Vacaciones Escolares, Continuar Aprendiendo) el cual garantiza los derechos de alimentación, ocio y cultura de las y los menores durante las vacaciones escolares.
     
  • Establecer ayudas para la digitalización y la adquisición de nuevas tecnologías en aquellos hogares cuyo nivel de renta les impide su acceso, de tal manera que se reduzca la posible brecha en la educación originada por esa falta de recursos tecnológicos, que imposibilita el seguimiento y la continuación del curso escolar por vía telemática.

Garantizar los derechos de la infancia

En definitiva, reducir las consecuencias de la crisis sanitaria en las familias y la infancia, y velar por su bienestar físico y emocional, a través de unas políticas de protección social que garanticen los derechos de la infancia.

El sindicato considera que es inaceptable que haya familias sin ningún tipo de ingresos y destaca que el estado de bienestar debe proteger a toda la ciudadanía y atender a las personas que se encuentran en situación de necesidad.

Estimamos que la implantación las medidas destinadas a abordar la pobreza de las familias debe estar consensuada entre el Gobierno y los interlocutores sociales, y la promoción del trabajo de calidad y de las condiciones de trabajo, son fundamentales para garantizar que las familias reciban unos salarios dignos.

Iniciativas como el recién aprobado Ingreso Mínimo Vital, son necesarias, pero insuficientes, porque esta nueva prestación deja fuera de su protección a una parte de las niñas y niños que viven en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social, y que precisan que se garanticen sus ingresos familiares. Por este motivo, consideramos necesaria y sin más dilación, la aprobación de la ILP que UGT y CCOO presentamos en el Congreso de los Diputados, para la creación de una Prestación de Ingresos Mínimos, y exigimos que su tramitación parlamentaria se realice con la máxima celeridad.

 

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