Criterios adoptados e impuestos por la Administración, de selección de puestos a ofertar a personal de nuevo ingreso procedentes de procesos selectivos que incluyeron plazas de tasa de estabilización

Criterios de selección de los puestos a ofertar a personal de nuevo ingreso procedentes de procesos selectivos que incluyeron plazas de tasa de estabilizaciónOs damos traslado de este documento que las organizaciones sindicales hemos recibido con los criterios adoptados e impuestos por la Administración.

Criterios adoptados para la selección de los puestos a ofertar a personal de nuevo ingreso procedentes de procesos selectivos en los que se que incluyeron plazas de tasa de estabilización.

Criterios adoptados e impuestos por la Administración

Se exponen a continuación los criterios adoptados para la selección de los puestos de trabajo a ofertar a personal de nuevo ingreso  procedentes de procesos selectivos en los que se incluyeron plazas de tasa de estabilización:

  • La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 recoge en su artículo 19, apartado Uno 6, que las “Administraciones y sectores señalados en las letras A), B), G), O) y P) y Policía Local, regulados en el apartado Uno.2 anterior, el personal docente e investigador comprendido en la letra J) del apartado Uno.2 anterior, así como el personal que preste servicios en materia de gestión tributaria y recaudación y de inspección y sanción de servicios y actividades, el personal del Servicio Público de Empleo Estatal y entidades autonómicas equivalentes que preste servicios en materia de gestión y control de prestaciones de desempleo y actividades dirigidas a la formación para el empleo, y el personal de la Escala de Médicos-Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social, además de la tasa resultante del apartado Uno.2 y 3, podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.


Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2017 a 2019 y serán coordinados por los Departamentos ministeriales competentes.

La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del período por debajo del 8 por ciento.
 
La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos.

De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.

Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades Autónomas deberán certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existentes en cada uno de los ámbitos afectados.

Además de lo previsto en los párrafos anteriores, las administraciones públicas, podrán disponer en los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal. A estas convocatorias les será de aplicación lo previsto en el apartado tercero de la citada disposición transitoria.”

  •  En términos similares se reguló la tasa de estabilización en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, con las siguientes previsiones:
    “Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2018 a 2020 y serán coordinados por los Departamentos ministeriales competentes.

La tasa de cobertura temporal de las plazas incursas en los procesos de estabilización, deberá situarse al final del período, en cada ámbito, por debajo del 8 por ciento.

De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.”

Estas previsiones legales habilitaron una tasa de reposición adicional a la ordinaria, al objeto de permitir el incremento del número de plazas integrantes de la oferta de empleo público, facilitando así la reducción de la temporalidad. Con la ejecución de las ofertas que incluyen dichas plazas, se da el paso previo e imprescindible para llevar a cabo el objetivo de determinar la tasa de estabilización y de la tasa de reposición, y de aprobar ofertas de empleo público, conjunto de medidas que constituyen la provisión definitiva de las plazas mediante la superación de procesos selectivos de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Visto lo anterior, en atención a lo estipulado en la norma transcrita y teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre abuso de la temporalidad en el empleo público, la selección de puestos a ofertar al personal de nuevo ingreso se ha realizado a partir de las “plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal” con tres años de antigüedad en su cobertura, contados desde la fecha de la incorporación prevista.


Por lo tanto, se aplican estos criterios objetivos:

•    Que sean puestos vacantes que estén ocupados interinamente.
•    Que la duración de la provisión interina de dichos puestos sea igual o superior a tres años, tomando como referencia la fecha prevista de incorporación.
•    Por lo tanto, se ofertarán los puestos que lleven ocupados interinamente, al menos en los últimos tres años sin que se exija que esa ocupación sea por la misma persona. Se tendrán en cuenta las interrupciones entre una ocupación interina y la siguiente, siempre que sea igual o inferior a un mes de duración, siguiendo el mismo criterio que se empleó para el cálculo de la tasa de estabilización.
•    Los puestos identificados para calcular la oferta de 2017 como tasa de estabilización se deberán ofertar siempre que sigan desempeñados interinamente.
•    Si entre la remisión del listado de puestos y su oferta a los aspirantes, alguno de ellos deja de estar ocupado interinamente, no estará entre los destinos ofertados.

El criterio expuesto trata de armonizar la inclusión de las plazas susceptibles de integrar la tasa de estabilización, con el hecho de que dichas plazas, en la concreción que implica la relación y el catálogo de puestos de trabajo, no están “bloqueadas”, y han sido incluidas en los procedimientos de provisión de puestos, por lo que tanto estas, como el resto de las que están desempeñadas interinamente, deben ser consideradas en igualdad de condiciones al objeto de su cobertura por personal de nuevo ingreso.

El criterio de los tres años de interinidad viene dado por ser el período que se ha tomado como referencia para la regulación legal de la tasa de estabilización, es el período que la jurisprudencia ha empleado en muchos casos para considerar la duración aceptable de los contratos de interinidad en el orden social, y es el plazo que la legislación de función pública contempla para la ejecución de las ofertas de empleo público desde la convocatoria de los proceso selectivos. Por lo tanto, es un plazo de tiempo inserto en la práctica administrativa, en la legislación y en la jurisprudencia, que se puede aplicar de manera objetiva para la concreción de las plazas a ofertar.

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